Acusación contra los ex-jefes de Pdvsa beneficia a los dueños de bonos

Torino Capital advierte que las acusaciones contra los exministros Eulogio Del Pino y Nelson Martínez podrían ser  potenciales disputas legales a futuro entre el gobierno venezolano y los tenedores de bonos.

El banco de inversión recordó que las autoridades acusan a Nelson Martínez, quien presidió Citgo Petroleum, de estar en conocimiento de una operación de refinanciamiento de deuda llevada a cabo en la refinería, en la que se ofrecía como colateral los activos de la filial y que no contaba con el aval del presidente de la República, lo cual fue catalogado por la Fiscalía como un delito.

“Al alegar que la entidad (Pdvsa) requiere autorización del gobierno nacional para refinanciar su deuda, el Fiscal General de la República estaría otorgando base al argumento de que no existe separación real entre Pdvsa y sus filiales, por un lado, y el gobierno, por el otro”, explica la firma.

Señala que esta interpretación podría facilitar pruebas para los acreedores de que Pdvsa y Citgo son alter egos del gobierno venezolano, lo que eleva la vulnerabilidad de sus activos ante un posible embargo en el contexto de una disputa con el Estado venezolano.

El banco detalla que la relación entre Citgo Petroleum y sus dueños está regulada por la ley de Delaware, para la cual no es necesaria la autorización de los accionistas para obtener financiamiento; entre tanto, la relación entre Pdvsa y su propietario (la República) se rige por la ley venezolana, que exime a Pdvsa de la prohibición de usar activos como colateral.

“La capacidad de los tenedores de presionar al gobierno venezolano en caso de una disputa legal dependerá de su habilidad para probar que las entidades a través de las cuales el país posee activos son alter egos de Pdvsa o del Estado venezolano”, señala el texto.

Añade que, si un tribunal puede establecer que no existe una identidad separada entre la compañía y sus accionistas, entonces estos últimos pueden ser responsables por la deuda de la corporación.

Ciertamente, la insistencia por parte del gobierno en que el Ejecutivo debió autorizar el refinanciamiento de la deuda de Citgo, al punto de perseguir legalmente a los miembros de la junta directiva responsables de la emisión, podría sugerir que considera los bienes de la compañía como propios, los directores como funcionaros públicos y que circunscribe las actividades de la entidad.

“El hecho de que la designación de Asdrúbal Chávez el 22 de noviembre como presidente de Citgo haya sido anunciada directamente por el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter soporta aún más el argumento de que el gobierno nombra directamente a los miembros de la junta directiva”, indica Torino Capital.

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